El pasado 25 de noviembre se ha conmemorado el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La violencia de género constituye una violación de los derechos humanos, intolerable en cualquier sociedad, y que exige que todos trabajemos juntos por un mundo más justo que garantice la integridad y la dignidad de las mujeres.
La violencia de género constituye un ataque frontal a los cimientos de cualquier sociedad y mina la integridad colectiva e individual de las personas que la componen.
Cuarenta y ocho mujeres han muerto este año en nuestro país a manos de sus parejas o ex parejas, once de ellas Andalucía.
“El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, es una fecha que debe servir para recordar a todas las mujeres que han perdido la vida por esta causa, a las que sufren situaciones vejatorias cada día y, sobre todo, nos debe servir para hacer una llamada a toda la sociedad para que unamos esfuerzos en la lucha contra la erradicación de cualquier situación de maltrato y abuso.
La violencia no empieza con un golpe; la violencia comienza mucho antes, empieza en la discriminación, en la desigualdad y en la vejación. Son muchas las mujeres que permanecen calladas porque tienen miedo. Son muchas las mujeres que no se atreven a pedir ayuda.
La violencia de género no es un asunto privado de las mujeres, por lo que es necesaria la condena pública y expresa de todos los líderes de opinión entre los que nos encontramos los responsables políticos, que en representación de la ciudadanía, debemos manifestar nuestra más enérgica repulsa ante cada atentado contra la integridad de una mujer.
Es importante, por tanto, la máxima colaboración con las organizaciones de mujeres y en defensa de la igualdad que vienen trabajando con las víctimas de la violencia de género y son quienes mejor conocen sus necesidades, así como la unidad de todos los partidos políticos para combatir esta lacra insoportable de la sociedad.
Por eso tenemos legitimidad para decir que se necesitan:
- más medios materiales y personales,
- más recursos sociales,
- más juzgados de Violencia,
- más efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
- más coordinación con las comunidades autónomas,
- más medios si queremos que esta Ley sea eficaz y no quede en papel mojado.
Es obligación del Gobierno de la Nación, de todas las Comunidades Autónomas, de todos los Ayuntamientos, de las Asociaciones y Agentes Sociales; de todos los hombres y mujeres, permanecer unidos en esta lucha, defendiendo que la igualdad entre sexos es el primer eslabón para acabar con los abusos.